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Martes 15 de Mayo del 2018 - Noticias

Sobre el juez Juan Pablo Chirinos: está afectado el derecho a ser escuchado y se aplica de manera amplia la medida cautelar de suspensión

El Consejo de la Magistratura sesionó el viernes en los Tribunales de Roca, para analizar entre otras cosas, una serie de planteos del juez Juan Pablo Chirinos  de reconsideración de la suspensión que ya había dispuesto el Consejo. Chirinos pidió para esa ocasión poder alegar públicamente y además que se puedan exponer las pruebas que presentó ni bien el legislador Rochás inició la presentación en el Consejo y que considera que nunca fueron consultadas ni tenidas en cuenta por el sumariante. El viernes el Consejo no hizo lugar a los planteos y ahora el Procurador tiene un plazo de diez días  para decidir si hace la acusación y comienza el juicio político.  En la sesión del viernes no estuvo por cuestiones de salud el defensor Dr. Bovino, y el juez fue acompañado por Juan Carlos Chirinos, abogado y su padre con quien dialogamos en la mañana de hoy en Cómo viene la mano.

Juan Carlos Chirinos  se detiene en examinar dos hechos especialmente graves ante la situación que padece el juez Juan Pablo, y que han sido denunciados por organismos de sólida trayectoria como el CELS junto con la Asociación de Pensamiento Penal e INECIP y el Observatorio por los DDHH de la provincia. Por un lado, se ha privado a  una persona del derecho a ser oído, a ser escuchado: no pudo exponer la prueba, no pudo alegar o ampliar argumentos con la excusa de que no era el momento; y por otro lado, hay otro hecho grave: ya se ha dispuesto la suspensión y si bien está prevista en  la Constitución, la doctrina moderna sostiene que las medidas cautelares se deben aplicar de manera muy restrictiva y en este caso, el Consejo hizo una interpretación muy especial, sin precisar cuáles son los riesgos al proceso que podría implicar la libertad que respeta el principio de inocencia y sin siquiera determinar el plazo preciso de aplicación. El Consejo tampoco hizo lugar al pedido de recusación de dos jueces realizado por Chirinos argumentando cuestiones menores como la presentación realizada fuera de término y no por escrito.

Juan Carlos Chirinos acuerda y comprende que los familiares de víctimas de personas que padecieron crímenes aberrantes realizados por internos durante  salidas autorizadas por el juez Juan Pablo tienen todo el derecho a recibir una explicación de lo ocurrido, pero eso no se debe confundir con la acusación a un juez que actuó en cumplimiento de la ley y a quien no se le están garantizando derechos para exponer sus argumentos.

En este punto de la entrevista aparecen interesantes referencias en torno al escenario nacional en el que se van consolidando algunas afirmaciones como que “si tenemos a las personas (presuntos delincuentes o delincuentes) presos se va a reducir el delito”; en cambio sostiene Chirinos: “La mejor política criminal es la mejor política de desarrollo social”. “A mí me preocupa esa sensación que se va generalizando que habla de “la puerta giratoria”, “la mano dura” que es muy peligrosa; creo que hay que ser respetuoso de la ley y que si se aplican medidas cautelares con carácter de excepcionalidad debe quedar claramente explicitados los motivos y permitir que los afectados puedan ejercer su derecho a defenderse y ser escuchados, señala. La crítica a la reciente consolidación de la llamada doctrina Irurzun aparece también  en la entrevista, junto con una consideración: está vigente desde hace años en el país “con los sectores más empobrecidos”

Volviendo a la situación del juez Juan Pablo,  Chirinos padre lamenta por un lado  “que mis colegas no digan nada” respecto del accionar del Consejo,  y critica especialmente a los legisladores que no hicieron ni una mínima consideración al dictamen del representante del STJ.

Tras la sesión del viernes,  el juez Chirinos evalúa realizar una notificación a la Comisión interamericana de DDHH sobre lo que  consideran una violación al derecho a ser oído y a tener un tribunal imparcial. Deberá esperar la definición del Procurador que tiene diez días para hacer la acusación, vendrá la presentación de pruebas y luego el juicio

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