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Miercoles 07 de Noviembre del 2018 - Noticias

Por Càrdenas y Carrasco: la querellante Marina Schifrin solicitó 6 años de prisión efectiva para los Ex- Jefes policiales y abrir una nueva causa

Con la exposición de la abogada Marina Schifrin en representación de la Sra. Carmen Curaqueo, madre de Nicolás Carrasco, comenzó la formulación de alegatos en el marco del juicio que lleva adelante el Tribunal integrado por los Jueces Marcelo Barrutia, Juan Alberto Lagomarsino y Emilio Riat. Schifrin solicitó se imponga 6 años de “prisión efectiva, inmediata y preventiva” y 12 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, a los cinco ex jefes policiales imputados por el crimen del joven Carrasco cuando tenía de 16 años de edad, el 17 de junio de 2010. Solicitó estas condenas en relación a Jorge Carrizo (exjefe de la Unidad 28), Fidel Veroiza (ex segundo jefe de la Regional Tercera), Argentino Hermosa (exjefe de la Regional Tercera), Jorge Villanova (exjefe de la Policía de Río Negro) y Víctor Cufré (ex secretario de Seguridad de Río Negro). Mañana, jueves 8 de Noviembre a partir de las 9,30 horas alegará la abogada Natalia Araya, querellante por la familia de Sergio Cárdenas.

Compartimos el informe de la jornada ofrecido por la Multisectorial contra la represión policial en Bariloche:

La querella de la familia Carrasco pidió condenas a los jefes y abrir nueva causa
LA POLICIA MATO A NINO EN UNA EMBOSCADA

“A Nino Carrasco lo mató la policía en una emboscada”, sintetizó Marina Schifrin, representante de la querella por la familia del adolescente asesinado en su alegato final ante el Tribunal colegiado que deberá dictar sentencia contra 8 policías en el caso de los crímenes de junio de 2010.
En su lectura del conjunto de hechos y circunstancias de los crímenes, Schifrin hizo interpretaciones y relaciones que no se habían expresado públicamente en esto ocho años:
– el avance policial de las 16 sobre la calle Osés fue una emboscada (idea que reiteró) en la que un grupo de jóvenes quedó encerrado, disparando al cuerpo a corta distancia contra Nino y todo el frente de la casa de familia donde lo refugiaron para pedir ayuda;

– excepto la BORA, la policía regular se comportó como una banda que enfrentaba a otra, no como fuerza profesional para restablecer la paz social, al punto que sólo dos testigos policías fueron “las honrosas excepciones” que vieron a los vecinos en la calle, contra la versión oficial “de la turba”, “el desborde” amenazante;

– ese comportamiento “de banda” estuvo centrado contra la familia de la víctima fatal de la madrugada y los jóvenes que sobrevivieron de esa persecución así como también contra Martín Lozada, juez de instrucción que desbarató el intento de “plantar” un arma de fuego en el lugar donde personal de la comisaría 28 ejecutó de un tiro a Diego Bonefoi (15 años) y dispuso la detención inmediata del ex cabo Colombil, autor del homicidio;

– la policía regular provocó y exacerbó el conflicto desde la mañana, tal como consta en prueba documental y testimonial de policías y víctimas;

– el sangriento saldo del dispositivo represivo desató una fisura interna en la policía, por lo que la BORA hizo contundentes declaraciones en la etapa de instrucción como evidente necesidad de despegarse de delitos que no había cometido, los que fueron relativizados en los testimonios de estas semanas.

La argumentación de esta querella valoró especialmente los informes técnicos del equipo científico que coordinó el físico Rodolfo Pregliasco, el testimonio del médico forense Leonardo Sacomano y del perito en balística Nigris. A la vez, cuestionó la intencionalidad de los peritos de la policía federal.
Caracterizó como “obediencia debida” la argumentación reiterada por parte de numerosos testigos policías, cuyas mentiras y contradicciones señaló pidiendo la apertura de una nueva investigación penal por encubrimiento, destrucción de pruebas, obstáculo a la justicia y homicidio doloso por el caso de Nino Carrasco. Indicó como presuntos partícipes de la maniobra del encubrimiento del uso de munición de plomo y de la acción de los escopeteros, entre otros hechos, a Carlos Arias (ex comisario de la 2 del Centro Cívico), Dante Bressan (actual titular de la Regional II con asiento en General Roca), Mariela Bazán (la agente que dedicó su día franco a repartir munición y recoger vainas servidas sin reportarse a nadie), el gerente de la sucursal de la empresa Prosegur (que no registró ni la salida ni la entrada de la munición en préstamo), Fernando Manquenao (de la comisaría de Dina Huapi, que reconoció que se usó munición de plomo y el mismo usó una escopeta durante los hechos).
Respecto a Arias precisó que de la comisaría 2 se cumplió la orden conjunta de Hermosa y Veroíza de salir a buscar refuerzos de municiones, y en esa misma comisaría se comprobó la existencia de munición de plomo que pudo haber sido usada por sus escopeteros durante la tarde.
Enfatizó ante el tribunal que ”fueron muertos y heridos en manos de agentes del Estado”, “no puede quedar impune la muerte de un chico de 16 años” y que le asiste “a la familia el derecho a la verdad”.
“No hay justicia si no hay una comunidad que la exija”, expresó hacia el final, reiterando la consigna de la Multisectorial: “nunca más un 17 de junio en Bariloche”.

Multisectorial contra la impunidad y la represión de Bariloche, 7 de noviembre de 2018.

 

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