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Sábado 16 de Febrero del 2019 - Noticias

Odarda al jefe de policía: pedido de información sobre la violenta intervención policial en Lago Escondido

La Senadora nacional Magdalena Odarda denunció  el accionar del Ministerio de Seguridad y Justicia de RN por el violento accionar de la policía que reprimio a integrantes de la 4ta marcha por la Soberanía organizada por la fundación Fipca. Ahora hace un pedido de informes al Jefe de Policía de Río Negro:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de febrero de 2019 
 
Sr. Jefe de la Policía de la 
Provincia de Río Negro
Daniel Roberto Jara
Roca 247. CP. 8500. Viedma. Río Negro
 
S          /         D
 
De mi consideración:
             María Magdalena Odarda, Senadora de la Nación por la Provincia de Río Negro y ciudadana argentina, DNI 17.677.763, con domicilio en Hipólito Yrigoyen Nº 1708, Oficina 509, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CP. C1089, me dirijo a Ud. a fines de solicitarle me informe por escrito sobre las actuaciones realizadas por la Fuerza policial a su cargo el pasado sábado 9 de febrero de 2019 en inmediaciones del Establecimiento “Hidden Lake S.A” (Estancia Lago Escondido), en ocasión de que se realizara la denominada “Cuarta Marcha por la Soberanía del Lago Escondido” y en base a los siguientes hechos, denunciados por los mismos participantes de la marcha en su denuncia policial como delitos de tortura, privación ilegítima de la libertad, tentativa de homicidio y asociación ilícita entre miembros del Establecimiento “Hidden Lake S.A.” y funcionarios provinciales. 
 
Hechos:
 
          La Cuarta Marcha al Lago Escondido forma parte de una campaña por la soberanía territorial llevada adelante por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), quienes desde hace varios años buscan visibilizar y defender la soberanía territorial de los pueblos en áreas paradigmáticas de nuestra patria.
          En esta ocasión, dos grupos de manifestantes se dirigieron al Lago Escondido por senderos distintos con el fin de encontrarse en una isla en medio del lago: Por un lado, un grupo entrenado de 20 personas partió el miércoles 6 de febrero por el camino de montaña, el acceso oeste al lago, mientras que otro grupo de 80 personas partió el día sábado 9 de febrero con camionetas para transitar el denominado “Camino de Tacuifí”, que permite llegar al lago en menos de una hora desde la ruta 40 y cuya apertura se halla dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro desde julio de 2009.
          Al arribar al Lago Escondido por la cabecera oeste (sendero de montaña que requiere 3 días de caminata) los estaba esperando un grupo de miembros de seguridad privada de Lewis y efectivos de la Policía de Río Negro. En presencia de éstos últimos, los empleados de Lewis amenazaron y marcaron con estacas a los senderistas el reducido espacio donde, según su criterio, podían acampar; sitio en donde ni siquiera los dejaban salir para realizar sus necesidades fisiológicas bajo amenaza de ser detenidos por “violar la propiedad privada”, según sostuvo Julio César Urien, presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA).
         Pero la situación superó todo tipo de límites cuando al día siguiente (9 de febrero), siendo alrededor de las 15 hs, Andrea Gatabria, integrante de ATE Capital y de FIPCA, y David Ramallo, integrante de Radio Gráfica, decidieron remar en un kayak inflable dentro del lago (espacio público) hasta una pequeña isla fiscal ubicada dentro del mismo, con el fin de encontrarse con los demás manifestantes e izar una bandera argentina. Al acercarse a dicho sitio se encontraron con cuatro efectivos de la seguridad privada de Lewis, quienes a bordo de una lancha a motor comenzaron a rodear el kayak para generar oleaje, manifestándoles que se iban a caer y a ahogar, preguntándoles particularmente si “conocían la muerte por hipotermia”, según denunció Gatabria. 
         Completa el cuadro el relato de Guillermo Martín Caviasca, miembro de Barricada TV quien resultó testigo directo de los hechos: “Había tres policías de la Provincia de Río Negro y tres policías de montaña que prácticamente dependen de la guardia privada de Lewis. Para comunicarse con su superior inmediato, el policía tiene que pedir permiso a la guardia privada, que es también la que le da o no el transporte para que la policía pueda acceder, retirarse y hacer los cambios de guardia. De hecho cuando se produjo el grave crimen que cometió la guardia contra nosotros, los empleados de la empresa Hidden Lake S.A. se negaron a darle la comunicación y a proporcionarle los medios de transporte para que se fueran nuestros compañeros. La Policía está ahí en una situación de subordinación como si estuviera de visita en un estado extranjero controlado por Lewis, con un ejército privado: un Estado extranjero”.
       “En un momento finalmente – continúa refiriendo Caviasca – el barco blanco y rojo con cuatro tripulantes, de los cuales uno filmaba y uno era el que daba las órdenes, embiste a los compañeros, generándoles un grave riesgo. Mis compañeros empiezan a pedir que los dejen. La guardia empieza a querer arrebatarle las cosas que tenían en el kayak. Los compañeros intentan impedirlo reteniendo bolsos. Uno de los integrantes de la guardia privada agarra una de las manijas que tiene el kayak y vuelca a sus integrantes arrojándolos al lago. Todo esto es una situación de media hora, de intimidación, de impedirles avanzar, de chocarlos para adelante, finalmente los tiran al agua, en el agua ellos quedan en un agua helada con todo el equipo y sus pertenencias flotando alrededor rodeados por la lancha, los miran y se les acerca, y sin ayudarlos, ni nada, porque los habían tirado les dicen: ‘Bueno, ¿ven lo que es morirse por hipotermia?”. 
      La integrante de ATE Capital (Andrea Gatabria) víctima del ataque, por su parte, manifestó a la periodista Azul Tejada, de Página 12, que quedaron flotando en agua congelada mientras los guardias daban vueltas a su alrededor: “Cuando ya casi no nos salía la voz para pedir ayuda nos sacaron del agua y nos tiraron en la lancha como una bolsa de papa”, sin contar en absoluto con presencia policial que guardase su seguridad por no contar con lancha alguna.
      “Después de que habían tirado a mis dos compañeros del bote – agregó Caviasca – los guardias de Lewis se siguen riendo, burlando de ellos, avisan por radio que rescataron a dos náufragos, ellos allí tiran su relato de que hubo un accidente. Los acercan a la costa donde nosotros estábamos, los tiran ya donde estaba la Policía. Los uniformados se ponen blancos sin saber qué hacer, alguien dicen que hay que ir a hacer la denuncia pero la Policía dice que no puede hacer nada”.
     “Luego de un rato, cuando los compañeros del kayak nos cuentan lo que había pasado, la policía empieza a intervenir. Ante la necesidad de evacuar a los compañeros que habían sido tirados al lago y tenían su ropa mojada, habían perdido toda su ropa, era imposible que retornaran con nosotros en esa situación. Estaban en estado de shock, llorando y temblando. Vamos a hablar con los oficiales a cargo y les planteamos la situación. Los oficiales comprenden la situación pero nos dicen que para comunicarse tienen que esperar la autorización del grupo de Lewis y no se la daban. Así durante una hora, finalmente después de mucho interpelar a la policía, reconocen que su situación ahí era de dependencia de la seguridad privada”.
      “Uno de los oficiales habla con el superior de la guardia privada, el superior va a negociar con la gente de Lewis a ver si consiguen que le presten a la policía una lancha para hacer el rescate. Esto fue a las 5 o 6 de la tarde. Recién sacaron a nuestros compañeros a las 12 de la noche, cuando el oficial a cargo del lugar decidió sacarlos en el cambio de guardia. La gente de Lewis había dicho que sólo estaban dispuestos a sacar a dos si nos sacaban a todos. Ellos querían mostrar que nosotros habíamos llegado en una situación de precariedad y ellos eran buenos porque nos rescataban. Nosotros estábamos en perfecto estado, habíamos llegado con gran esfuerzo pero íbamos a volver como fuimos y si alguien debía ser rescatado era por la agresión brutal que había sufrido por parte del ejército privado de Lewis”.
       “Finalmente a las 12 de la noche llegó un vehículo de rescate con la misma gente que había tirado el kayak y amenazado a nuestros compañeros en el lago. La policía nos pidió que no filmáramos nada hasta que saliéramos de los terrenos de Lewis. Ellos se comprometían a que la gente de Lewis no hiciera ningún tipo de acción, ni filmara y nos daban garantía de seguridad. Yo fui responsable de seguridad de los dos compañeros arrojados al lago. Pero el mismo tipo que se reía y burlaba mientras los compañeros se estaba ahogando seguía filmando, primero a escondidas, después abiertamente cuando bajamos y riéndose de nosotros cuando bajamos. Me acerco a preguntarle de qué fuerza es y para decirle que habíamos acordado con el oficial a cargo que no se iba a filmar. Esa persona, riéndose en medio de la policía, me dice ‘de la fuerza que te cante las pelotas’ (Guillermo Martín Caviasca, para Débora Cerutti, “La tinta”, 12 de febrero de 2019).
      Por su parte, el grupo de Tacuifí vió interrumpido su trayecto en dos tranqueras, pero luego de que un fallo judicial favorable dispuesto por el con juez Massimino (todos los jueces naturales habían sido recusados) permitió al grupo acceder al lago, pero a la hora en que se notificó del mismo ya era muy tarde. Obligó a gran parte del nutrido grupo a ir caminando, pero se hizo de noche y la Policía ordenó la evacuación del grupo cuando estaba por llegar al lago, aduciendo que había habido graves problemas de vida para otro grupo, refiriéndose a los dos “accidentados que se cayeron al lago” en las condiciones antes descriptas.
       Estos relatos, ratificados ante los estrados judiciales por las propias víctimas, dan cuenta de la actuación irregular de grupos parapoliciales y de fuerzas privadas que controlan, de manera total y absoluta, el territorio colindante al Lago Escondido y la circulación de personas. 
       También dan inequívoca cuenta de la inacción y absoluta carencia de autoridad y de herramientas con que la Policía de la Provincia de Río Negro se maneja en relación con el establecimiento Hidden Lake S.A., siendo que dicha fuerza debiera ser quien resguarde los intereses y la seguridad de los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos constitucionales.
 
PETITORIO:
Sobre el particular, solicito del Sr. Jefe de la Policía informe lo siguiente:
Cuáles fueron las directivas impartidas desde los superiores jerárquicos de la Fuerza a las cuadrillas policiales intervinientes durante los días 8 y 9 de febrero de 2019 en la denominada “senda de montaña” al Lago Escondido y en la cabecera oeste del citado Lago.
Informe asimismo cuáles fueron las órdenes dispuestas a las cuadrillas que interrumpieron el paso a los manifestantes por el camino público de Tacuifí, donde el nutrido grupo se vio irregularmente retenido en dos tranqueras por las mismas fuerzas policiales de la provincia.
Quiénes fueron los oficiales y superiores jerárquicos responsables que impartieron las órdenes a ambos grupos policiales intervinientes.
Con qué herramientas contó el personal policial en los referidos procedimientos para las comunicaciones y quien se las proveyó.
Las razones por las cuales no realizaron las fuerzas policiales los procedimientos de prevención, ni efectuaron intervención alguna ante los graves atentados contra la vida de los dos denunciantes.
Si existe algún tipo de acuerdo o pacto, expreso o tácito, por parte de la Policía de la Provincia de Río Negro con las fuerzas privadas o con las autoridades del Establecimiento Hidden Lake S.A., y en caso afirmativo de qué tipo de pacto se trata.
En qué condiciones la Policía de la Provincia de Río Negro recibió el pedido de traslado de las dos personas afectadas por el atentado perpetrado por las fuerzas privadas del Establecimiento Hidden Lake S.A, cuáles fueron los argumentos esgrimidos y cuáles las explicaciones brindadas por dicha empresa para tal requerimiento. 
            Esta solicitud se funda en el derecho constitucional de recibir información previsto por la Ley Suprema, conforme los arts. 1, 14, 33, 38, 43, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los arts. 10, 13 y 38 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada por Ley 26.097), la Ley Nº 27.275 de Acceso a la Información Pública y la Ley provincial N° 1.829 de Acceso a la Información Pública, en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “ADC c/ PAMI” (2012) y “CIPPEC c/ Ministerio de Desarrollo Social” (2014), y en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Claude Reyes y otros vs. Chile” (19/9/2006).
 Sin otro particular, y a la espera de su respuesta a los puntos solicitados, lo saluda atte.
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