La ONU insistió con su reclamo por la liberación de Milagro Sala

La ONU insistió con su reclamo por la liberación de Milagro Sala

El grupo de trabajo de las Naciones Unidas advirtió al Gobierno argentino que “sigue vigente” el pedido por la liberación de la líder de la Tupac Amaru que consideran “arbitrario”. A continuación el pronunciamiento del Cels, junto con Amnistía internacional Argentina y ANDHES tras la conferencia de prensa del dia de ayer con las conclusiones de la visita realizada en  nuestro pais.
Milagro Sala, detenciones arbitrarias, y migrantes: ejes de la visita del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de ONU
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de Naciones Unidas, concluyó su visita a la Argentina y en un duro informe destacó los principales ejes de preocupación: Milagro Sala Afirmó que tal como lo había señalado en la Opinión 31/2016 del 27 de octubre de 2016, la detención de la dirigente social Milagro Sala es arbitraria. En pocos días, Sala cumplirá 500 días en esta situación mientras el Estado argentino sigue incumpliendo su obligación de liberarla. La dirigente de la organización social Tupac Amaru fue detenida el 16 de enero de 2016 por haber participado de un acampe frente a la casa de gobierno de la provincia de Jujuy. En octubre pasado, el Grupo estableció que desde diciembre de 2015 hubo un entramado de “acusaciones consecutivas” y un despliegue de causas judiciales destinados a sostener la privación de libertad de la dirigente social de manera indefinida en el tiempo. La detención de Sala continúa siendo violatoria del principio de inocencia, del principio de legalidad, del derecho de defensa en juicio, de la cosa juzgada y de la prohibición a ser juzgado dos veces por el mismo hecho. En el informe presentando hoy el Grupo de Trabajo “solicita que el Gobierno implemente en su totalidad las Opiniones que el GTDA adoptó sobre la Argentina” y advirtió que “es responsabilidad del gobierno federal garantizar que se cumplan todas las obligaciones jurídicas internacionales en todos los niveles dentro de su jurisdicción. La estructura federal del país no debería obstaculizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales asumidas por la Argentina”. Privación de la libertad, detenciones arbitrarias y pueblos originarios Durante su visita, el Grupo recogió información sobre la situación de la privación de la libertad en el país e hizo hincapié en el uso excesivo de la prisión preventiva y el hecho de que “a menudo las comisarías se utilizan para alojar personas en prisión preventiva e incluso condenadas” también son materia de preocupación del Grupo. Además, el GTDA llamó la atención sobre las amplias facultades de detención que tienen las fuerzas de seguridad. En tal sentido, el informe llama la atención sobre las detenciones en la vía pública por “averiguación de identidad”. “El Grupo de Trabajo observó que la legislación actual no obliga a todos a portar un documento de identidad, lo que no se condice con las facultades de la policía para exigir que cualquier persona acredite su identidad. En este sentido, el Grupo de Trabajo reitera la inquietud por parte del Comité de Derechos Humanos respecto de esta práctica policial y la reglamentación que la permite. Es urgente que la Argentina tome todas las medidas necesarias, incluida la adopción de medidas legislativas para poner fin a la práctica de detención de personas cuando ello no se relaciona con un delito, de conformidad con el Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, afirmó. El informe del Grupo alerta sobre “la selectividad en la aplicación del sistema de justicia penal a personas de diferentes orígenes socioculturales. Aquellos de condición más humilde, al igual que quienes exhiben una situación de vulnerabilidad tales como los niños, incluyendo niños en situación de calle, el colectivo LGBTI, los pueblos indígenas y los migrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la policía en razón de la sospecha de haber cometido un delito o “demorados” para verificar su identidad.” Protesta social Por otra parte, el informe preliminar manifestó su preocupación sobre las detenciones en contextos de protestas sociales tras recordar que “los instrumentos internacionales sobre derechos humanos garantizan el derecho de reunión pacífica y que los Estados deben abstenerse de impedir o castigar toda manifestación pacífica. Las conductas punibles deben describirse con claridad a fin de preservar el principio de legalidad del derecho penal. Asimismo subrayó que “las violaciones tales como los “cortes de ruta” y la “desobediencia y resistencia a la autoridad” revisten una inherente ambigüedad y ello permite un alto grado de discrecionalidad por parte de las fuerzas de seguridad sin que existan las suficientes salvaguardas para garantizar una protección contra detenciones arbitrarias”. Y observó que “en el caso de que se implemente el “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”, adoptado por el Ministerio de Seguridad en el año 2016, ello supondría un aumento del riesgo de que se produzcan detenciones arbitrarias a través de la ampliación de las facultades discrecionales de las fuerzas de seguridad”. Por último, el Grupo hace especial énfasis en el trato a pueblos originarios y el excesivo uso de la fuerza, las vejaciones y los malos tratos sufridos por los miembros de los pueblos indígenas a manos de las fuerzas del orden y de empresas de seguridad privadas. Migrantes El Grupo de Trabajo se pronunció sobre el Decreto 70/2017 que reformó la Ley de Migraciones. “Estos cambios importantes en la detención de migrantes deberían haber sido objeto de un debate abierto y transparente con un amplio espectro de actores y tratado especialmente en el Congreso de la Nación.” De acuerdo al informe del Grupo, “el Decreto recientemente emitido autoriza la privación de la libertad al inicio del Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo, eliminando el principio de excepcionalidad, y permitiendo la detención previa a la orden de expulsión. Se ha eliminado efectivamente el requisito de justificar la necesidad y proporcionalidad de la detención ante una autoridad judicial, y el período permitido de detención se ha aumentado a 60 días, con la posibilidad de una extensión indefinida por el tiempo que dure el proceso. Más aún, existen restricciones de acceso a asistencia jurídica gratuita y se han reducido significativamente los plazos para presentar una apelación”. Salud Mental Entre los grupos especialmente vulnerados por las detenciones arbitrarias, el Grupo de Trabajo llamó la atención sobre “numerosos casos alarmantes de detención de personas por su discapacidad psicosocial. El Grupo de Trabajo se reunió con “pacientes sociales” que no cuentan con los recursos ni con las redes sociales como para poder vivir en la comunidad y, por ende, se encuentran confinadas a este tipo de instituciones. A menudo los “pacientes sociales” se encuentran institucionalizados durante años e inclusive décadas sin perspectivas reales de liberación”.
Centro de Estudios Legales y Sociales Amnistía internacional Argentina ANDHES