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Martes 12 de Enero del 2021 - Noticias

Justicia por "Coco" Garrido: 10 años sin culpables para la justicia rionegrina

 Guillermo “Coco” Garrido, apareció muerto la noche del 13 de enero de 2011, con su cinturón en el cuello en el calabozo de la comisaría 12 de El Bolsón. Desde el mismo día un clamor se hizo sentir:  fue un caso de violencia institucional. En El Bolsón habrá actividades este miércoles y también el sábado denunciando la VIOLENCIA INSTITUCIONAL, y para clamar una vez más: LO SABIA, LO SABIA, A COCO LO MATÓ LA POLICÍA. La abogada de la familia, Marina Schifrin realizó junto con la familia, una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Coco Garrido había sido conducido por dos policías  a la comisaria tras un incidente de tránsito  con otro auto y cuando ya habían acordado cómo resolver el incidente entre las partes . A menos de una hora de esa situación y tras la pregunta de la hermana en la comisaría sobre el estado de Coco, debieron responder y sostuvieron que Coco se había «suicidado». Desde esas primeras horas familiares y amigos sostuvieron que a Coco lo mató la policia. E iniciaron un larguísimo camino que llevó a juicio a fines del 2018 a les agentes policiales Laura Leiva y Emilio Victorino Oyarzum por «homicidio culposo» porque supuestamente se habían olvidado de quitarle el cinturón.  Se los juzgó pero no hubo condena porque el tribunal consideró que no se pudo determinar la causa de la muerte de Coco porque se habían por lo menos dos hipótesis: la del suicidio y la del homicidio que tuvo un importante sustento en el informe de la perito Creimer. La perito  sostuvo que «no se ahorcó y que murió de un golpe en la cabeza» y plantó la duda. En esa instancia  los jueces del tribunal, Gastón Martin, Gustavo Quelín y Gastón Pierroni, declararon no culpables por unanimidad a los policías Laura Valeria Leiva y Emilio Victorino Oyarzún y dispusieron que se haga una nueva investigación tomando en cuenta la teoría del homicidio de Garrido perpetrado en la comisaría. La obligación de hacer una nueva investigación cayó en el fiscal Martín Goveto. Tras examinar el voluminoso expediente, Govetto dictaminó el 19 de agosto pasado que correspondía archivar la causa.

La querellante Marina Schifrin reclamó que se revise el dictamen de Govetto. Sin embargo, el fiscal jefe subrogante Guillermo Lista desestimó el reclamo y confirmó que el caso sea archivado. Tras esa decisión, Schifrin informó que había hecho, junto con la familia, una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que intervenga en el caso.  AMPLIAREMOS

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