FM OCUPAS: la acusaron de “sabotaje”, y ahora la justicia la sobreseyó

SOBRESEIMIENTO A FM OCUPAS DE MORENO

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 1 de Morón logró dictaminar una obviedad: que la emisora comunitaria Radio FM Ocupas no tuvo “una deliberada intención de obstaculizar el tránsito aéreo” en el Aeródromo de Morón, “siendo que todo se ciñe a una descalibración de los equipos transmisores de la radio, que fueron ajustados y controlados”.

¿Por qué hay que transitar todo un recorrido judicial encausando personas, clausurando emisiones y hasta llegando a secuestrar y decomisar equipos -por suerte acá no se llegó a este último punto- para “descubrir” al final algo tan elemental como que las personas u organizaciones no montan radios FM con grillas completas de programación con el propósito deliberado de interferir un Aeropuerto? Porque la cavernaria normativa del ENACOM encuadra la eventual detección de un desperfecto técnico en el art. 190 del Código penal sobre Delitos contra la Seguridad Pública por acciones de SABOTAJE: “Será reprimido con prisión de dos a ocho años, el que A SABIENDAS ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave (…)”. O sea: uno tiene que demostrar que no es un terrorista.

En el caso de Ocupas, las actuaciones labradas en esta causa 9015/2017 demuestran algo más grave todavía: se iniciaron cuando el desperfecto ya estaba resuelto y el que estaba en mora para certificarlo era el propio organismo.

Repasando: a FM Ocupas le cayó la camioneta del Enacom el pasado 26 de febrero, en pleno fin de semana largo de carnaval. En la causa se lee que la Fuerza Aérea había notado e informado la interferencia en un canal “auxiliar o secundario” del Aeródromo tres días antes, el 23. El 26 llegan, constatan que la fuente de la interferencia es la radio, y la gente de Ocupas inmediatamente apaga y se dispone a resolverlo. Lo hacen en tiempo récord para un medio de comunicación humilde: el abusivo “protocolo” 9435/16 del Enacom pone plazos de “tres (3) días hábiles improrrogables para realizar su descargo”, que debe ser acompañado por un informe técnico firmado por un ingeniero matriculado en COPITEC donde se dé cuenta de la resolución del problema. Es decir: en sólo tres días hábiles la radio – sin que siquiera se establezca un trato diferenciado según su localización geográfica y recursos para hacerlo- debe conseguir un ingeniero, lograr que vaya al lugar, pagarle, que arregle el problema, lo redacte en un informe escrito, lo certifique y lo firme, y presentarlo en la sede del organismo o una de sus delegaciones. Ese informe, con la certificación del profesional de que la interferencia estaba resuelta, fue presentado el 3 del marzo en la sede de Enacom en Buenos Aires.

A partir de ahí, la misma normativa dice que los plazos ya le empiezan a correr al organismo: tiene 6 días hábiles para volver, constatar que el problema está solucionado, que la radio vuelva a encenderse y todo resuelto. Pero no. El Estado, que para volver a hacer una simple visita se permite el doble del tiempo que le dio a un particular para hacer todo lo anteriormente detallado, no volvió. Ni a los 6 días, ni a los 10, ni al mes, ni a los dos, tres ni cinco meses, condenando a la radio a seguir apagada.

PEOR TODAVÍA: la lectura de las actuaciones revela que las mismas “tuvieron inicio el día 16 de marzo de 2.017, a raíz de la denuncia efectuada por Roberto Félix Lamandia, en su carácter de funcionario del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)”. O sea: LES INICIAN LA CAUSA PENAL 13 DÍAS DESPUÉS DE QUE LA RADIO PRESENTÓ SU INFORME ACREDITANDO QUE HABÍA RESUELTO EL PROBLEMA, Y CUANDO QUIEN YA ESTABA EN MORA PARA CONSTATARLO ERA EL PROPIO ORGANISMO.

Y encima, la causa también detalla que sí hubo una comprobación hecha “el día 30 de marzo de 2.017 a través de la empresa “ROHDE&SCHWARZ” S.R.L. que es una empresa contratada por la Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo, que realiza el mantenimiento del equipo VHF y no se detectó interferencia en relación a la frecuencia cuestionada”. E igualmente del Enacom no volvieron, no constataron nada, y siguieron adelante con la causa, hasta que sale este fallo más de medio año después.

Entonces cuando se habla de CRIMINALIZACIÓN y PERSECUCIÓN y suena a “consigna”, o alguien pone carita de “no es para tanto”, bueno sí, ES. Es esto. Comunicadores populares, en este caso de una Asociación que trabaja problemáticas de discapacidad, encausados, teniendo que ir a declarar, consiguiendo abogados, obligados a apagar su medio de comunicación (y por favor, traten de conocer el laburo ejemplar de FM Ocupas de Moreno, una radio llena de gente, vecinos/as, aulas en las que se dan talleres todas decoradas con dibujos de los pibes, canchitas de futbol, deportes, todo lo bueno que puede hacerse en un barrio, atacado con semejante ensañamiento por todo lo peor que puede hacerse desde el abuso del poder del Estado y la burocracia).

Entonces si alguien tuvo la paciencia de llegar hasta acá disculpas por la extensión, pero sobreseyeron a FM Ocupas de Moreno y la verdad uno no sabe bien qué hacer, porque iba a empezar poniendo “¡Bravo, bien, vamos todavía!” o algo así, pero la verdad ya es demasiado retroceso ponerse a festejar esto. Que estas personas hayan sido sometidas a un proceso judicial para demostrar que no son criminales, terroristas ni saboteadores por llevar un medio comunitario adelante en su barrio es demasiado grave, demasiado increíble, demasiado siniestro como para que dé alegría que más de medio año después un juez finalmente diga que no.