Entra en vigencia el nuevo código procesal penal en la provincia

El ex juez Jorge Bustamente subraya que se trata de una reforma de procedimiento y no de una reforma judicial, que debería pasar sí o sí por un control ciudadano sobre la justicia. Lo que se pone en marcha son modificaciones en torno a la forma en que se van a desarrollar las investigaciones y los juicios.

En principio, dice Jorge Bustamante, aparece como una reforma que pretende agilizar todos los procesos y los tiempos.

Venimos -recuerda- de un sistema con un período de instrucción muy extenso, y pasaremos ahora a un sistema acusatorio, en el que el juez no investiga, sino que  que vela por las garantías y son los fiscales quienes tienen a su cargo todo el peso de la investigación, precisa.

El acento está en la oralidad: todo se filma y resguarda de manera audiovisual, lo que hace que el profesional en el debate deba estar mucho más preparado.  Incluso, se encontrará con el tribunal en el inicio del juicio, ya que se sortea el tribunal inmediatamente antes del debate oral, como modo también de salvaguardar la imparcialidad de los jueces.

Bustamante destaca también como positivo  que con la reforma, cuando el fiscal desestima una causa, la querella puede continuar, en el caso de causas particulares. Se establecen tiempos más ajustados: todo el proceso no debería durar más de  3 años y  las disposiciones deben salir en 3 días.

El código ha trasformado también lo referido a las prisiones preventivas, que no podrán ser de más de un año, salvo pedido expreso del fiscal de seis meses más; aunque habilitaría la posibilidad de que un juez la disponga, atento a antecedentes del acusado, aunque no haya indicios de que pueda entorpecer la investigación o fugarse, únicas causas que habilitan en la actual legislacion penal la prisión preventiva.  Y esto, reflexiona Bustamante, habrá que ver cómo ocurre en los casos concretos.  Sin duda, se trata de uno de los interrogantes que genera la puesta en vigencia del nuevo código, como también qué va a ocurrir con la cantidad de causas  en espera y la posibilidad de que se cierren  muchas.  El hecho de que fiscales y defensores dependan de una misma jefatura, -en nuestra provincia la Procuradora Baquero Lazcano- es también un aspecto que no se modificó con el nuevo código, y que podrá generar algunas dificultades.

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