Carreras de comunicación rechazan concentración de medios

A través de un comunicado se expresó la Fadeccos:

La Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social, considera que la fusión anunciada en la noche del día viernes 30 de junio de 2017, entre Telecom y Cablevisión Holdings, constituye un proceso de concentración que buscará consolidar posiciones dominantes y vulnerar una vez más, los escasos límites para estos procesos que siguen vigentes en Argentina luego de diciembre de 2015. En caso de que esta fusión sea aprobada por la autoridad regulatoria (ENACOM), se requerirá un nuevo ajuste a la legislación por cuanto ambas compañías superan en conjunto los límites de espectro móvil permitido. El propio Ministro Aguad ha expresado al respecto que se buscará ampliar los topes que fija la legislación vigente, confirmando de este modo que la política de comunicaciones en Argentina se rige por las necesidades y demandas de los grandes players regulados y no por el interés general. La fusión entre estas dos compañías avanza por otra parte sobre los principios de libertad de expresión definidos por el derecho público internacional, toda vez que generará en algunas regiones del país condiciones de prestación del servicio de cuádruple play cuasi-monopólicas. Al respecto el principio 12 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión elaborada por la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en el año 2000 sostiene que “Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”. En esta línea se ha expresado asimismo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ocasión del fallo del año 2013 que declaró plenamente constitucional la Ley N° 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, al señalar que la libertad de expresión “se constituye en piedra angular de la existencia misma de la democracia” y en tanto los medios de comunicación tienen la función de ser instrumentos de la Libertad de Expresión y no vehículos para restringirla “es indispensable que recojan las más diversas informaciones y opiniones”. En consecuencia el Estado debe ser garante y gestor activo de la “más amplia diseminación posible de información de fuentes diversas y antagónicas”. La Corte señala asimismo que los Estados pueden garantizar el cumplimiento del derecho humano a la libertad de expresión y robustecer el debate público por dos vías: dejando librado el sistema al funcionamiento del mercado y luego a posteriori aplicando leyes de defensa de la competencia en caso de que se produzcan distorsiones que afecten la pluralidad de voces o regulando a priori para evitar la conformación de monopolios y oligopolios. En este punto la Corte remarca en sintonía con lo recomendado en 2004 por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que las reglas generales de defensa de la competencia son insuficientes para el sector de la radiodifusión. Incluso en el caso argentino, donde las incumbencias y alcances del sector audiovisual fueron modificadas por decreto en diciembre de 2015, estas recomendaciones resultan centrales para comprender los riesgos de vulneración de derechos humanos que se proyectan en un escenario de convergencia. Las estimaciones realizadas sobre el impacto en el mercado de esta operación indican que los grupos Clarín y Fintech –accionistas de las compañías fusionadas- alcanzarán a partir de esta unión el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija más el 35% de conectividad y datos móviles. Sumado a ello se alcanzará el 42% del mercado de telefonía fija, el 34% de telefonía móvil y el 40% de televisión paga (que incluye la TV Satelital más la TV por cable, donde Cablevisión ya posee el 60% del mercado). FADECCOS, insta una vez más a tomar conciencia de la gravedad de las decisiones empresariales que el gobierno nacional convalida mediante sus autoridades regulatorias en trámites expresos, en un todo contrarios a los principios democráticos sobre los cuales se construye una sociedad justa.