Amparo colectivo de defensoras de menores

Tres defensoras de menores de Viedma presentaron un amparo colectivo ante una jueza civil contra el Gobierno provincial para que informe sobre la situación integral de chicos y chicas que están bajo protección del Estado y de programas de tratamiento por adicciones, entre otras cuestiones.

La magistrada sería competente para asumir las actuaciones derivadas del amparo, según lo sugirió la procuradora general del Poder Judicial, Silvia Baquero Lazcano, en un dictamen difundido ayer oficialmente.

Según consta en el documento, Patricia Arias, Teresita Molaro y Cecilia Donate, en su carácter de titulares de las Defensorías Públicas de Menores Nº 1, 2 y 3 de la Primera Circunscripción Judicial, interpusieron acción de amparo colectivo ante la titular del Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nº 1 de Viedma, María Gabriela Tamarit.

Las tres defensoras dirigieron la acción contra los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud y Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, con el objetivo es que brinden información relacionada con las políticas públicas para abordar “diversas situaciones de vulneración de derechos que se encuentran atravesando muchos niños, niñas y adolescentes que deben contar con la protección del Estado Provincia”l.

Indicaron que la información ahora solicitada ya había sido instada formalmente mediante oficios judiciales y notas Institucionales que nunca fueron respondidos.

Las tres defensoras de menores pretenden que el Ministerio de Desarrollo Social proceda a implementar acciones y programas, jerarquizar el área de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, adecuar las intervenciones técnicas y programas, ordenar el cierre del dispositivo CAINA, poner en marcha mecanismos de contención y reglamentar el Protocolo Administrativo de Adopción de Medidas de Carácter Excepcional. Y al Ministerio de Salud que brinde tratamiento de adicciones para jóvenes.