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Martes 12 de Marzo del 2019 - Noticias

Absolvieron a Francisco, el joven llevado a juicio por cultivar marihuana para tratar su epilepsia

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Comodoro Rivadavia compuesto por los jueces Nora M.T. Cabrera de Monella, Enrique Jorge Guanziroli y Alejandro Joaquín Carlos Ruggero, resolvió absolver de culpa y cargo a Francisco Giovanoli, joven de 31 años que cultivaba cannabis con fines terapéuticos motivo de la epilepsia que lo aqueja desde su infancia.

Los jueces tuvieron en cuenta el pedido de absolución del fiscal del caso, Teodoro W. Nürnberg, quien había solicitado la recalificación de la causa a fin de que a Francisco no se lo juzgue por el delito de cultivo (con una pena de 4 a 15 años de prisión), sino por el delito de autocultivo (1 mes a 2 años de prisión). Para ello, el fiscal consideró que está última conducta está amparada por la Constitución Nacional (Artículo 19) y que su penalización es inconstitucional conforme el antecedente “Arriola” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en este 2019 cumple 10 años de vigencia.

El tribunal consideró que “la postura así externada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, no se presenta antojadiza, ni arbitraria y corresponde a una decisión fundada y razonable y su abdicación del ejercicio de la acción pública (…) fue realizada de manera racional, lógica y reconoce base legal”.

Desde la organización RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos- celebraron el fallo aunque con algunos paréntesis, sobre la interpretación que realizan los jueces para llegar a este veredicto.

En este sentido se expresó “cierta preocupación por algunos criterios sostenidos en la sentencia en cuestión, principalmente los votos de la jueza Monella y el juez Ruggero, que demuestran el riesgo constante de la población de ser juzgados por magistrados que desconocen principios tan básicos de nuestro sistema penal como “in dubio pro reo” y la realidad de miles de personas que sufren diariamente por no tener vía de acceso legal alguna al cannabis”.

“Tal es así que la magistrada adujo que el caso debería haberse resuelto como una conducta relacionada a “tenencia simple” de estupefacientes (con una pena de prisión de 1 a 6 años), motivada sólo y exclusivamente en la cantidad de cannabis secuestrado. Cabe recordar a la funcionaria judicial, que la CSJN ha considerado que las cantidades no pueden ser motivo suficiente como para condenar a una persona (fallo “Vega Giménez”, año 2006). Por su parte, cabe señalar, ante su mención de la ley 27.350 de Uso Medicinal de Cannabis, que a pesar de que la ley no autorice el autocultivo, dicha conducta está tutelada por nuestra Constitución Nacional siempre y cuando no trascienda a terceras personas ni haya indicios de comercio. Así lo han considerado innumerable cantidad de precedentes judiciales que oportunamente le hemos acercado al tribunal en nuestro amicus curiae, amparados en el fallo “Arriola” del máximo tribunal de la nación. Aguardamos que en algún momento destine el tiempo de leer tales precedentes, actualizándo algunos de sus criterios y conocimientos ante su tarea, ni más ni menos, que decidir sobre la libertad de las personas-“.

Respecto del Juez Ruggero, “al afirmar que “interrogó (a Francisco) sobre la existencia de trámites judiciales o administrativos que procuraran la necesaria autorización del uso de estupefacientes y la respuesta fue negativa”, cabe recordarle que el uso de estupefacientes no es considerada como un delito en la legislación argentina, ni tampoco es una conducta que necesite de autorización alguna, ya que se considera dentro del ámbito de libertad, autodeterminación y privacidad de las personas conforme nuestro régimen constitucional y conforme lo afirmado sucesivamente por la CSJN. Asimismo, en caso de referirse a la inscripción de Francisco en el Programa establecido por la Ley de Uso Medicinal de Cannabis, le recordamos que la reglamentación del Poder Ejecutivo restringió la inscripción solo para niños y jóvenes adultos. Francisco tiene 31 años señor Juez”.

Finalmente, se agrega respecto de su afirmación en donde “rechaza las argumentaciones del imputado por considerarlas peligrosas para el bien jurídico Salud Publica ante posibles mal entendidos de la ciudadanía en general, que ha conocido el caso por información sesgada en las redes sociales, respecto a una posible desincriminación de estos hechos”, resulta cuanto menos irónico que su preocupación esté vinculada a lo que sucede en las redes sociales y no en el sometimiento injusto, arbitrario e inconstitucional de una persona a proceso penal durante cinco años. Tampoco pareciera preocuparle los cuantiosos recursos públicos dilapidados en una causa que no tenía sentido alguno, ni había afectación alguna de derechos de terceras personas, y que numerosos antecedentes demuestraban su inviabilidad jurídica. Recursos que luego faltan para la persecusión de delitos de verdadera gravedad y entidad social, como el tráfico a gran escala y la corrupción/connivencia institucional.

En ese sentido se explica que “peligroso para el bien jurídico Salud Pública no son las declaraciones de Francisco, sino someter a un paciente epiléptico a un juicio penal, quitarle la sustancia que utiliza con fines terapéuticos, mandar a destruirla a pesar de su valor terapéutico y antecedentes que establecieron su restitución, y amenazarla durante cinco años con una pena de prisión de 4 a 15 años de prisión. Eso es peligroso. Eso es perverso. Eso es inhumano”.

 

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